Asesorados por un par de estudios de abogados, centenares de caddies demandaron a clubes por relación de dependencia encubierta; las instituciones dicen que trabajaban por la propina y denuncian irregularidades en los procesos
Una crisis mayúscula está haciendo tambalear a algunos de los clubes más renombrados de la Argentina, como el Jockey Club, el Olivos Golf Club, el Pacheco Golf, el Córdoba Golf Club, el San Isidro Golf Club y el Argentino Golf Club, entre otros cientos. Muchos tienen sus bienes embargados y se ven obligados a aplicar cuotas extraordinarias, que en algunos casos superan los 1000 dólares por socio, para evitar la quiebra. Los que se encuentran en situaciones más complicadas ya han comenzado incluso a vender propiedades o parte de sus terrenos.
La amenaza de derrumbe proviene del enemigo más inesperado: sus antiguos caddies de golf. Asesorados por un par de estudios de abogados, los caddies, que durante décadas cargaron la bolsa y asesoraron a los socios en sus recorridos por el campo de golf a cambio de una propina, iniciaron juicios laborales por relación de dependencia encubierta contra los clubes. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya falló en cientos de casos a favor de ellos. Las sentencias y los cálculos de actualización que se utilizan en el fuero determinan indemnizaciones millonarias –algunas alcanzan los 800 millones de pesos– que muchos clubes no pueden afrontar.
Los números ayudan a entender el fenómeno. Pese a la reserva de los establecimientos deportivos, LA NACION reconstruyó mediante el sistema de consultas de causas del Poder Judicial algunos de los expedientes que se tramitan. El Jockey Club, quizá el más emblemático de todos, tiene 210 procesos en curso, en diferentes instancias. En uno de ellos fue condenado a pagar 800 millones de pesos. Es solo uno de centenares. El Olivos Golf Club también está entre los más afectados. Tiene cerca de 40 demandas vigentes y, según lo que se pudo reconstruir, tuvo decenas de causas que fueron “conciliadas”.
En el caso del Hindú Club, otro de los apuntados, las 10 demandas encabezadas por ex caddies han llevado a la institución al borde del concurso preventivo. “Son sentencias expropiatorias. El monto de las dos primeras, que empezamos a pagar en cuotas hace dos meses, es equivalente a los ingresos totales del club de cinco meses. Es imposible de afrontar”, afirma Diego Díaz Bonilla, presidente del establecimiento deportivo. Debido a los juicios de caddies, destaca, han tenido que vender propiedades y han comenzado a cobrar cuotas extraordinarias. Este es solo el inicio: a Hindú le quedan por delante otras ocho demandas, y las autoridades vaticinan nuevos fallos en contra. Sin embargo, también adelantan que el club no estaría en condiciones de afrontarlos.
“Quizá hace 40 años Hindú era la representación de la opulencia. Pero hoy la mayoría de los socios son de clase media, personas laburantes a las que les cuesta pagar la cuota. Estos juicios están conspirando contra nuestro trabajo. En el rugby y en el hockey hay más de 100 tipos como yo, que entrenamos a los chicos gratis. El club también les abre las puertas a los colegios de la zona para que los estudiantes hagan gimnasia acá, en algunos casos de manera gratuita. Tenemos un trabajo social en Don Torcuato y estamos pagando sentencias millonarias –sigue Díaz Bonilla–. Los caddies nunca fueron empleados del club. Se los dejaba pasar para que trabajaran para los golfistas, que son solo el 10% de los socios”.
Los abogados detrás del proceso
Este tipo de juicios parece, a simple vista, similar a cualquier litigiosidad del mercado laboral argentino, pero tiene dos particularidades. La primera es que, en los últimos tres años, por el boca a boca, se han vuelto masivos. La segunda, que a la mayoría los encabeza un puñado de abogados laboralistas con un modus operandi aceitado. Según pudo confirmar LA NACION, entre las causas se repiten los argumentos de las denuncias y, en algunos casos, también los testigos.
Actualmente, el principal estudio es Montenegro Pávito & Asociados. El diputado nacional de La Libertad Avanza, Guillermo Montenegro (homónimo del intendente de Mar del Plata y uno de los asistentes a la visita a los represores en la cárcel), es uno de lo socios del estudio. El otro, Federico Pávito, es director General de Administración del Senado, lo que lo convierte en uno de los hombres fuertes del cuerpo, a cargo de un presupuesto millonario. Solo para entender: tiene una chequera para gastar alrededor de 3500 millones de pesos anuales, además de manejar los sueldos de todos los empleados de la cámara alta.
Otro actor en el asunto es el estudio que encabeza el abogado Christian Labanca, un letrado que tiene sus oficinas en San Isidro y que fue el primero que empezó con los reclamos. “Yo tuve unos 20 juicios antes de 2010. En ese momento no había jurisprudencia. Todos fueron contra el Jockey Club y los pude conciliar. Luego tuve otra tanda, de unos 15. Pero no me dedico a esto. Lo que estoy viendo es que creció mucho la cantidad de juicios y que las demandas son a clubes pequeños, incluso del interior”, dijo. Aquel sendero iniciado por Labanca se ha convertido hoy en una autopista de juicios millonarios.
En muchos casos, especialmente en las demandas a clubes del interior del país, la defensa de los caddies demanda, además de a los clubes, a su presidente y a la Asociación Argentina de Golf. “Se agarran del domicilio de nuestra asociación, que está en Capital, para poder traer la demanda a la ciudad de Buenos Aires. Hacen liquidar la demanda acá”, explica Esteban Carcavallo, abogado de la Asociación Argentina de Golf. Según esta entidad, los abogados denunciantes toman esta medida por una cuestión estratégica, porque los fueros porteños facilitan la resolución de las demandas a su favor, y lo hacen de manera rápida y con aplicación de un sistema de actualización de los montos favorable a ellos.
Por dar ejemplos, se ha demandado en los tribunales porteños a los clubes Córdoba Golf Club y Santiago del Estero Golf Club. El primero tiene seis demandas. Todos los reclamos se iniciaron en 2021, y en ese entonces representaban $211 millones de pesos. Hoy, aplicando el sistema de actualización vigente en la Cámara (llamado acta 2764), el valor sería aproximadamente de $2737 millones, lo que equivale a unos dos millones de dólares, sin tener en cuenta gastos de justicia y honorarios.
En caso de confirmarse la sentencia contra el Córdoba Golf Club en estos seis casos, deberá pedir a sus socios una colaboración de más de 3700 dólares cada uno, contando a los menores. “Si los socios decidieran no afrontar de su bolsillo estas eventuales condenas, habría que liquidar la institución. Se perdería la pyme que más trabajo brinda de manera directa e indirecta en Villa Allende. Hablamos de un club centenario –101 años–, uno de los más prestigiosos a nivel nacional, que tiene un importantísimo aporte deportivo, social, cultural y de ayuda solidaria”, afirma el presidente del club cordobés, Rodolfo De Ferrari.
Entre los “artilugios legales” que cree que los abogados demandantes utilizan, menciona: “La jurisdicción natural de estas causas sería la de Córdoba, pero saben que seguramente en Córdoba la Justicia y la jurisprudencia no avalarían semejantes reclamos, que no corresponden, no solo por no haber relación de dependencia entre el club y estas personas y ningún caddie, sino también porque esos montos resultan totalmente disparatados y ajenos a la realidad”.
Pávito, en tanto, sostiene lo opuesto. Afirma que hay una relación de dependencia encubierta entre la centena de caddies que representó y la decena de clubes contra los que litigó en los últimos años. “Ahora ya no la tienen, pero durante muchos años los clubes tenían una ficha de ingreso de los caddies. El master caddie les daba capacitaciones a los nuevos caddies. El club les daba horarios para que no se cruzaran todos el mismo día. Y los sancionaba si no iban el día que les correspondía”, afirma.
A su vez menciona como prueba de su argumento que el Convenio Colectivo de Trabajadores de Clubes de Campo mencione al Master Caddie como empleado del rubro. Sin embargo, este convenio no incluye a los caddies, que son los demandantes a los que él y los demás abogados representan. LA NACION se comunicó con Montenegro pero el diputado no contestó los mensajes.
Según pudo saber LA NACION, la mayoría de los demandantes dicen que empezaron lo que consideran su relación laboral entre fines de los 70 y principio de los 80, y prueban esos tiempos con cinco testigos. Ese es uno de los puntos álgidos: los abogados de los clubes sostienen que el peso de las palabras de los testigos que ofrecen los caddies está lejos de representar lo mismo que los que apuntan los demandados. De ahí en más, no se producen más pruebas.
Los caddies declaran en las causas décadas de trabajo ininterrumpido en un determinado club, incluso horarios laborales de hasta 12 horas diarias dentro de la institución, y es por ello que las indemnizaciones que se calculan tras la sentencia llegan a valores de centenares de millones de pesos.
Los clubes, por su parte, dicen que los caddies no trabajan de esa manera: “El caddie es un nómade. Va rotando por clubes. Puede haber trabajado en uno, por ejemplo, durante tres años, hace 10 años, y no haber regresado nunca más. Pero luego presenta demanda y dice que ingresó a club en 1980, y que prestó servicios continuamente hasta el despido en 2021, 2022 o 2023″, dice el dirigente de uno de los clubes más demandados, que sigue de cerca los juicios de su asociación.
“Agarraron una mina de oro legal. Además, en el fuero laboral lamentablemente nunca un demandado puede ganar un juicio”, dice uno de ellos, quien prefirió resguardar su identidad. Denuncia, al igual que otros letrados consultados por LA NACION, la utilización de testigos falsos por parte de los demandantes y causas iniciadas por personas que nunca fueron caddies. En el ámbito de los clubes se ha apodado a los abogados laboralistas de los caddies “Caranchos de los Greens”.
Incluso el sindicato de Caddies y la Asociación Argentina de Caddies critican estas demandas judiciales. “Han sido un arma de doble filo. Los caddies han sido víctimas de los abogados. Un caddie no es un trabajador dentro del campo de golf que cumple un horario fijo. Son jornalizados. El tema es que cuando hay un vacío en el marco legal, siempre existen problemas”, afirma Claudio Sesto, secretario de relaciones institucionales del sindicato de Caddies y presidente de la asociación.
Le preocupa el efecto de estos juicios en el presente y futuro del oficio. Hoy los caddies, dice, no superan los 2300 en todo el país. “Están desapareciendo y esto es en parte por los juicios. La acción de un solo caddie que inicia un juicio a un club deja al resto de sus compañeros sin trabajo. Hoy los clubes manejan presupuestos muy acotados, y un nuevo juicio de un caddie los puede arruinar, entonces prefieren no dejarlos entrar”, explica Sesto, quien actualmente trabaja en un proyecto para regularizar la situación laboral de los caddies. El proyecto es que se vuelvan trabajadores autónomos y con matrícula de la asociación, y así lograr reconciliar la relación que solían tener con los clubes.
Un círculo vicioso
Con el objetivo de no recibir nuevas demandas, ratifican desde la Federación de Clubes de Campo, en los últimos años la mayoría de los clubes de golf han optado por no dejar entrar más a los caddies, aplicando en cambio soluciones tecnológicas como carritos eléctricos, o de arrastre. La decisión, afirman, ha afectado negativamente tanto a los caddies como a los golfistas y al propio club.
Hay algunos campos de golf que aún aceptan el ingreso de caddies, pero solo de unos pocos. Este es el caso de Hindú. Mientas que hace unas décadas tenía una treintena de caddies por día, actualmente solo le permite el ingreso a cinco de confianza, que trabajan en el lugar a cambio de propina de los golfistas desde hace décadas y que promedian los 50 años de edad. Algunos tienen esposas o hijos que trabajan en relación de dependencia en el club, afirman desde la institución.
La negativa de aceptar nuevos caddies es una regla a lo largo y ancho del país, “Hoy un club ve un caddie y sale corriendo. Y es una lástima, porque el pibe que fue caddie de golf, como lo fui yo, tiene que estar agradecido. Es una gran oportunidad de ascenso social. La gran mayoría de los grandes jugadores de golf del país son excaddies. Otros muchos, gracias a ese trabajo, han conseguido trabajo, o han podido estudiar una carrera universitaria. Incluso muchos fueron becados por golfistas”, afirma Marcelo Soria, director del Tour Profesional de Golf, quien de joven, durante un par de años, trabajó como caddie en el Jockey Club San Isidro. “Ahí adentro están los dueños del país, entonces ser caddie te da muchos contactos y oportunidades, además de permitirte llevar platita a tu casa”, sigue.
El derecho al límite y testigos dudosos
Las sospechas sobre la connivencia de varios actores en los procesos se basan en que muchos de los demandantes son simultáneamente testigos de otro caddie que tiene otro juicio. Según pudo ver LA NACION a partir de registros judiciales, los argumentos de las denuncias se repiten continuamente. Dicen que les realizaron un examen preocupacional y que, además de acompañar a los golfistas en sus caminatas, los hacían limpiar la cancha y cortar el pasto. De esa forma argumentan la relación laboral.
La producción de la prueba con pocos requisitos y la rapidez para determinar la actualización de la sentencia son los elementos que hacen que los demandados sospechen que existe una suerte de animosidad en la Cámara, cuya mayoría de miembros se han mostrado muy cercanos a la mirada de los demandantes a la hora de administrar justicia en el fuero laboral.
Existen dos miradas opuestas entre los 35 jueces que conforman la Cámara. La mayoría tienen una ideología marcadamente pro trabajador y contraria a la empresa. La minoría, apenas cinco, tienen una postura más atenuada. LA NACION habló con dos camaristas del fuero que no quisieron dar su nombre. Uno de los jueces del primer grupo dijo que no existe abuso a la hora de fallar contra los clubes de golf. El otro fue cauto, pero sostuvo que las condenas son impagables por las tasa que aplican y que se han convertido en un abuso.
En los clubes, juran que muchos de los supuestos caddies que reclaman millones jamás pisaron las instalaciones. Hasta se animan a decir que solo alrededor del 30% han sido caddies, aunque jamás con relación laboral formal. El 70% restante, cuentan, son personas que se prestaron a ser parte de la maquinaria, pero que en ningún caso pudieron ser reconocidos en el club.
Dicen que hasta hay reclutadores de posibles reclamantes que consiguen voluntarios en barrios vulnerables. El proceso incluye una suerte de hoja de ruta que contiene una pequeña capacitación como para entender de qué se trata el oficio, la compra de ropa y la búsqueda de testigos conocidos.
Pávito dijo que en su estudio les hacen algunas preguntas al demandante para ver si fue efectivamente caddie o no. ¿Qué se le pregunta?, inquirió LA NACION. “Por ejemplo, cantidad de hoyos que tiene la cancha en la que trabajó, cantidad de palos que lleva una bolsa y si conoce a alguien”, contestó. A primera vista, no parecen cuestiones determinantes. “Nosotros no tenemos ninguno trucho, al menos eso es lo que creo”, dice el abogado que reconoce que entre los terminados, los que acordó y los que tiene en trámite, intervino en unos 90 juicios.
También genera sospechas los montos que dicen haber ganado por sus trabajos como caddies los demandantes. Un ejemplo es el caso Ayala contra Jockey Club (expediente 47.646/2021). De acuerdo a lo que surge del sistema electrónico de consultas de causas, la Cámara le asignó al supuesto caddie un salario mensual de $160.000 a febrero de 2020, más allá de que el abogado de la parte había pedido $72.000, de acuerdo al intercambio telegráfico. A esa fecha, ese era casi el sueldo que ganaba un secretario letrado de la Corte. Para ilustrar, en ese momento el dólar cotizaba 63 pesos, es decir, le fijó un sueldo de 2539 dólares. El monto, actualizado lleva el cheque para cancelarlo a varios centenares de millones de pesos.
Al igual que en otras decenas de casos, esta demanda fue rechazada en primera instancia. La Sala IV, una vez apelada, la dio vuelta y decidió lo contrario.
CORTESIA: Diego Cabot y María Nöllmann
LA NACION